Spiritual Unity es el último álbum grabado por el trío que formaban el saxofonista tenor Albert Ayler, el bajista Gary Peacock y el baterista Sunny Murray. Con poca amabilidad y mucho esoterismo, todavía se mantiene como una obra fundamental para amantes del free jazz. La química grandiosa entre los músicos se da a partir de sonar como si realizaran el trabajo inverso al habitual: en lugar de complementarse y dialogar en lenguaje tradicional, los intérpretes parecen desentenderse de lo que los otros están tocando. Es en esta introspección profunda donde se da, parece, la verdadera y peculiarísima unidad. Sin embargo, a diferencia de lo que puede llegar a creerse a primera impresión, Ayler ha afirmado que al grabar Spiritual Unity "no estábamos tocando, estábamos escuchándonos mutuamente".
La música del álbum no resulta caótica ni agresiva; la revolución de Ayler pasa por otro lado. Los peculiarísimos sonidos que extrae de su saxo, y que a veces lo hacen asemejarse a un humano retorciéndose en éxtasis, resultan fundamentales para comprender a numerosos músicos posteriores y han ofrecido una manera radicalmente distinta de hacer y escuchar jazz. La suerte de anti-groove que construyen Peacock y Murray es perfecta para complementar las texturas ásperas y las melodías distorsionadas del saxofonista.
01 - Ghosts: First Variation
02 - The Wizard
03 - Spirits
04 - Ghosts: Second Variation
(Julio 13, 1936, Cleveland, OH ---- Nov. 25, 1973, New York City)
Para algunos críticos literarios, las profundas raíces de la obra de un autor pueden encontrarse en los laberintos biográficos. Para el caso de Albert Ayler, basta echarles una mirada: padre músico (saxofonista, violinista y cantante), estancia europea en el ejército, donde estudia las lecciones de los grandes pioneros del jazz libre, malas críticas de su estilo por parte de la prensa musical, desarrollo de su mensaje en el contexto de las luchas raciales de los años sesenta.
Ayler dixit:
“Somos la música que tocamos. El compromiso con la paz, con el entendimiento de la vida (…) Con nuestro mensaje intentamos purificar nuestra música, purificarnos nosotros mismos, eso nos hace movernos a un nivel superior de paz y entendimiento. (...) estoy convencido que, a través de la música, la vida puede ser ofrecida más que entendida”. “Cada tipo de música tiene una influencia, incluso directa o indirecta sobre el mundo y su entorno (...) eso intentamos traerlo a la música (que hacemos)”. “Es lo que intenta hacer también Coltrane a su manera”. “Desde que hacemos la música así (pura, honesta), nuestra forma de vida ha sido más pura ... (...) Para ello necesito gente pura en su forma de pensar, así como en su música la gente (reflectará) una onda más positiva”.
Sus influencias
Al referirse a sus influencias Ayler ve una línea recta en la tradición del jazz a partir de Lester Young, pasando por Bird y llegando a la franca admiración de Trane. Aquí sus fundamentos de la elección:Primeramente Lester Young “la forma de conectar sus frases; la libertad en la cual él florece. Y su voz cálida al tocar”.
Segundo Charlie Parker, aquí rememora una noche de 1955 en Cleveland: “Noté su calidad espiritual desde la primera vez que lo conocí”. Y finalmente nos confiesa: “La forma que Bird y posteriormente Trane tocaban los cambios” fue materia de admiración y estudio.
También tiene palabras sobre la figura de Sydney Bechet, quien a juicio de Ayler, “representa el verdadero espíritu, la fuerza de la vida que muchos de los músicos viejos tenían, como en el jazz de New Orleáns, y que muchos músicos actuales no tienen”. Aquí se refería a los Bopers, de quienes parece no tiene la mejor opinión.
Su música en propias palabras
Albert creía que “esta música (que él hace) es buena para nuestra mente; libera nuestra mente. Si sólo escuchas, encontrarás mucho más sobre ti mismo”. Pero aclara inmediatamente: “Es realmente una música espiritual libre, no es free music”. Continua en su aclaración, “y para tocarla los otros músicos se preocupan de lo que ellos están tocando, pero nos escuchamos los unos a los otros. Muchos otros músicos no están tocando juntos y entonces sólo producen ruido”.
1. En 1994 un grupo de artistas, activistas y bromistas deciden adoptar una identidad común y denominarse Luther Blisset.Desean provocar un infierno en la industria cultural. Juntos quieren contar una gran historia y crear una leyenda, dando luz a un nuevo héroe popular: Luther Blissett. Esta “guerrilla”organiza campañas de solidaridad con víctimas de la censura o la represión. Pero sobre todo realiza burlas mediáticas como forma de arte, explicando o reivindicando qué defectos del sistema ha utilizado para publicar o hacer públicas noticias falsas. En 1999 tuvo lugar la aparición más conocida de Luther Blissett, al figurar como autor de la novela anónima y colectiva Q, publicada en marzoy traducida con rapidez a varios idiomas. A pesar de su inusitada factura y de las peculiares características de la edición (que, anticipándose a las licencias creative commons, autorizaba en el pie de imprenta a la manipulación y a la reproducción total o parcial de la novela, siempre y cuando fuera sin ánimo de lucro) la novela Q llegó a ser un importante éxito de ventas.
En 1999 el proyecto Blissett finaliza y algunos de sus integrantes forman, a partir del 2000, Wu Ming ("sin nombre" en Chino mandarín), proyecto más ligado a la narrativa, pero igual de radical que el anterior, editando numerosos y exitosos libros experimentales y artículos de distintos temas. La literatura de Wu Ming y, particularmente de New Thing, es un ejercicio que mezcla técnicas de plagio y desvío, lecturas hipertextuales, referencias personales, etc,fruto de una profunda investigación previa.
2. New Thing es un libro del año 2004, con una primera edición en español el 2008 y disponible libremente también en digital . Por fuera, es una especie de collage realidad-ficción, compuesto por la voz de muchos personajes, artículos de diarios, archivos desclasificados y entrevistas realizadas en su presente y pasado, por el año 1967, en plena flama del free jazz como banda sonora de las revueltas por los derechos de los negros. Precisamente, en el ambiente de esos músicos, varios asesinatos son perpetrados por un ente al que la comunidad negra apoda “El hijo de Whiteman”.
Sonia Langmut, una periodista, hija de familia alemana inmigrante en tiempos de la Gran Guerra,recorre los clubes y antros, recogiendo entrevistas y sesiones de los más radicales músicos de su época, en una vieja grabadora Butoba MT5. Langmut, una chica reconocida por su particular estampa en el ambiente del jazz neoyorquino, de pronto se ve en medio de los asesinatos y comienza una intuitiva investigación, guiada por “el hombre los fantasmas”,mágico músico que pasa la cuenta a su vida mientras es consumido por la enfermedad.
3. O sea, Wu ming podría ser una novela policial, pero es más bien una parodia al manoseado género, entre muchas otras lecturas simultáneas. Wu ming 1, su autor, conocido también como Roberto Bui, había manifestado gran conocimiento y capacidad analítica de la cultura negra en otros excelentes textos. New Thing es un libro que también puede leerse como un emocionante y estimulante relato de las luchas raciales en Estados Unidos, durante los sesenta; el desarrollo del Partido de los Panteras Negras, y la suerte de alguno de sus líderes como Stockely Carmichael, muerto en Africa bajo del nombre Kwame Toure. Se habla de música, pero de una manera más ligera, aunque muy clara. Se hace referencia al origen delfree jazz, del asco al cool, las posiciones que había que tomar frente a su extremismo (para algunos, el grito libre desde África, para otros una radicalidad infantil que no jugaba a favor de los negros sino de los intelectuales blancos).
El Black Pather Party era para el Estado norteamericano en 1969 “la amenaza más grande para la seguridad interna del país”. El Cointelpro del FBI operaba desde los 50, extinguiendo de la manera que fuera todos los grupos que olieran a insurrección (comunistas, nueva izquierda, movimiento por derechos civiles), pero además cada comisaría tenía un Cointelpro propio y daba duro a los negros en las calles.
En palabras de Julia Mey, esposa blanca del segundo músico muerto en el libro, el saxofonista Tyrone “Ekundayo” Jackson, “Black Power” quería decir autodeterminación, por ejemplo, el derecho a gobernar las comunidades donde los negros eran mayoría, pero como dice otro personaje del libro, “Black Power” recogía en dos palabras un proceso de muchos años: el redescubrimiento de África, un África de mente, el ser negros, que no era tanto el color de piel, sino la experiencia que mantenía unida a la comunidad. Los jóvenes negros tomaban las armas y creaban una red muy efectivade autodefensa yapoyo solidario (comedores, educación, por ejemplo), bajo postulados anticapitalistas, antimiliaristas, autonómico.
4. Sobre el “Hijo de Whiteman” se crea toda una leyenda urbana nacida desde la cultura negra del Brooklyn, y recogida más fielmente en el periódico The Brooklynite y otros (como el Gotham Chronicler, lugar en el que escribía el peculiar crítico de jazz y personaje clave en la resolución de la trama, Plotinus Franklin).
Conspiraciones gubernamentales y místicas se entrecruzan con la inepta investigación policial oficial. Así, también, Wu Ming se convierte en una fuente de conocimiento sobre el espíritu cultural cotidiano y el folclor de las calles negras, donde ya existía el rap, la iglesia negra era un poder militante y la música era un recurso de identidad que trascendió a toda la música blanca desde la aparición del rock & roll y antes. El asesino es apodado así por Paul Whiteman, director de orquesta blanco en los años veinte. Paradójicamente el primer rey del Jazz fue blanco. Ni Armstrong, ni Ellington, ni Sydney Bechett, sino ¡Whiteman!
Los asesinatos del libro van ocurriendo con un ritmo creciente y Langmut solo tiene su grabadora como arma en un ambiente en que la muerte alcanza a cualquiera que represente un peligro. Su suerte aumenta y sus indagaciones van apuntando en la dirección correcta, gracias a la intuición del misterioso informante llamado el “hombre de los fantasmas”, personaje intenso que se identifica más claramente a medida que avanza la lectura. El desembrollo del caso es bastante sorprendente, por el giro que da a la historia.
5. Las actividades de desestabilización del Cointelpro y los aparatos de inteligencia eran derechamente criminales, por lo que la situación de peligro, aumentada por la paranoia colectiva de la conspiración, hizo pensar en un nuevo “Hijo de Whiteman” cuando el cuerpo de Albert Ayler apareció flotando en el East River el 25 de noviembre de 1970. Lo cierto es que fue autopsiado como muerte accidental, pero el misterio de su muerte ha inspirado incluso un libro titulado “Las trece muertes de Albert Ayler” (Gallimard, 1997), en la cual trece autores especulan sobre la misma. Por otra parte, Lo cierto es que también New Thing se presenta como alegoría de la propia represión en Italia en los 70 y como homenaje al poder de la cultura negra.
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“La contribución afroamericana de alguna manera ha "des-occidentalizado" la cultura, ha introducido un modo de tocar idiosincrásico y creativo que huye de la notación musical europea, del "temperamento" del timbre instrumental para obtener el sonido "justo". La influencia afroatlántica ha cambiado incluso nuestro lenguaje corporal, sobre todo el masculino: gracias a la fuerza de ejemplos contagiosos, ha conducido a posturas corporales menos rígidas. La corporeidad del rock'n'roll, de indiscutible raíz afroamericana, ha dirigido la atención a la zona del abdomen y la pelvis, donde se concentran muchas rigideces y contracturas”
Hace casi una semana, en 1970, el cuerpo de Albert Ayler se encontraba desaparecido.
Ya son 39 años desde que su materialidad se fundió en la nada absoluta, en busca del regreso a la energía cósmica, segura, optimista de poder encontrarla y conocerla.
Aunque nadie duda si era o no el momento indicado para su partida, sobre su muerte se mantienen hasta el día de hoy tres o más versiones: suicidio, ajuste de cuentas, conspiración gubernamental, por lo bajo.
No habíamos olvidado el gusto que nos da escribir de música en este sitio.
Pero esta vez hablaré por uno solo, porque me he quedado a cargo de este lugar con mucho gusto. Trataré de seguir con las ideas del principio, sumadas a las nuevas convicciones y programas.
Por lo mismo, he querido levantar desde aquí – y proyectarlo hacia el mundo físico- una fiesta colectiva en torno la figura de Ayler, a 39 años de su muerte. Una conmemoración, que, por supuesto, debe convertirse en fiesta abierta del libre espíritu y la rebeldía unitaria.
Durante lo que queda de noviembre, Fakxion publicará prosa y poemas, videos, imágenes, comentarios de discos y sus respectivos enlaces de descarga, etc, sobre la maravillosa figura y obra ayleriana, su círculo directo de influencia y la escena del free jazz de su época, en general.
Además, para la última semana de este mes, se anunciará la realización de una velada ayleriana, con improvisación musical, documental y pontificación: una fiesta free jazz punk rock donde todos están invitados.
Durante 1967 y 1969, Ayler, gracias a la influencia de su amigo John Coltrane, grabó algunos álbumes para el sello Impulse!, registrando un período que empieza muy alto en calidad y declina confuso.
Este disco fue editado disperso en su tiempo. Un LP contenía cuatro canciones (“For John Coltrane”, “Change has come”, “The truth is marching in”, “Our prayer”, de las sesiones del ‘66), en una formación junto al cellista Joel Friedmann, Alan Silva y Bill Fogwell en bajos y el soberbio Beaver Harris en batería.
Existió otro LP, actualmente muy difícil de encontrar, con la primera sesión de Ayler y su grupo en el conocido local, un año antes; esa vez en un quinteto de lujo: Donald Ayler en trompeta, Joel Freedman en celli, Lewis Worrell en bajo yel gran Sunny Murray en batería.
Este CD fue editado en 1998 por Impulse!. En él se reúnen ambas sesiones. Los detalles de fecha y del personal en cada uno de los temas, puede verlo aquí
Musicalmente, es un momento alucinante en la carrera del buen Alberto. Quizás la etapa más mesiánica del saxofonista, acompañado por varios de los más creativos músicos de su época. Contiene las caras más épicas, furiosas y emocionantes de su carrera, mezcladas con el genio libre de los quintetos.
Una adecuada introducción, directa y generosa.
1 Holy Ghost
2 Truth Is Marching In
3 Our Prayer
4 Spirits Rejoice
5 Divine Peacemaker
6 Angels
7 For John Coltrane
8 Change Has Come
9 Light In Darkness
10 Heavenly Home
11 Spiritual Rebirth
12 Infinite Spirit
13 Omega Is The Alpha
14 Universal Thoughts
La atribución del premio Nóbel de la Paz ha dado lugar a un concierto de elogios entre los dirigentes de la alianza atlántica. Pero también suscita escepticismo a través del mundo. Más que sumarse al debate sobre las razones que pudieran justificar a posteriori la sorprendente decisión, Thierry Meyssan expone la corrupción del Comité Nóbel y los lazos que existen entre su presidente, Thorbjorn Jagland, y los colaboradores de Obama.
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«Esta mañana, al escuchar las noticias, mi hija entró y me dijo: ‘Papá, eres Premio Nóbel de la Paz’.» [1] Esta fue la conmovedora historia que el presidente de los Estados Unidos contó a los periodistas como testimonio de que nunca deseó esa distinción y de que era el primer sorprendido. Sin tratar de indagar más sobre el tema, los periodistas publicaron titulares sobre la «humildad» del hombre más poderoso del mundo.
A decir verdad, no se sabe qué resulta más sorprendente: la atribución de tan prestigiosa distinción a Barack Obama o la grotesca farsa que la acompaña, o quizás el método utilizado para corromper al jurado y desviar ese premio de su vocación inicial.
En primer lugar, hay que recordar que, según el reglamento del Comité Nóbel, las candidaturas son presentadas por instituciones (parlamentos nacionales y academias políticas) y personalidades calificadas para ello, principalmente magistrados y ganadores de ese mismo premio. Teóricamente, es posible que se presentar una candidatura sin que el candidato lo sepa. Sin embargo, cuando el jurado toma la decisión se pone directamente en contacto con el interesado para comunicarle la noticia una hora antes de la conferencia de prensa. Sería esta la primera vez en la historia que el Comité Nóbel viola esa regla de cortesía. Según su vocero, lo que pasó es que el Comité Nóbel no se atrevió a despertar al presidente de los Estados Unidos en medio de la noche. Parece que no sabía que en la Casa Blanca hay consejeros que se turnan para recibir las llamadas urgentes y despertar al presidente de ser necesario.
La conmovedora historia de la niñita que le anuncia a su papá que le han dado el premio Nóbel no basta para disipar la incomodidad que provoca esa decisión. Por voluntad de Alfred Nóbel, el premio debe recompensar a «la personalidad que [en el transcurso del año anterior] haya realizado la mayor o la mejor contribución al acercamiento entre los pueblos, a la supresión o a la reducción de los ejércitos permanentes, a la reunión y a la propagación de los progresos por la paz». Lo que el fundador del premio tenía en mente era apoyar la acción militante, no simplemente conceder un certificado de buenas intenciones a un jefe de Estado.
Ciertos laureados pisotearon el derecho internacional después de recibir el premio, así que el Comité Nóbel decidió hace cuatro años dejar de recompensar un acto en particular y conceder el premio únicamente a las personalidades que hayan dedicado su vida a la paz. Así que, al parecer, Barack Obama ha sido el militante por la paz más meritorio del año 2008 y no ha cometido ninguna violación importante del derecho internacional en lo que va del año 2009.
¿Qué piensan de eso los hondureños que actualmente viven bajo la bota de una dictadura militar? ¿O los pakistaníes cuyo país se ha convertido en el nuevo blanco del Imperio? Sin entrar a mencionar a las personas que siguen detenidas en la base estadounidense de Guantánamo y en Bagram, ni a los afganos y los iraquíes que enfrentan la ocupación extranjera.
Vayamos al punto central del tema, a lo que los expertos en «relaciones públicas» de la Casa Blanca y los medios de la prensa anglosajona quieren esconder al público: los sórdidos lazos entre Barack Obama y el Comité Nóbel.
En 2006, el European Command (o sea, el comando regional de las tropas estadounidenses cuya autoridad cubría entonces toda Europa y la mayor parte de África) solicita al senador de origen kenyano Barack Obama que participe en una operación secreta que reúne los esfuerzos combinados de varias agencias (la CIA, la NED, la USAID y la NSA). Se trataba de utilizar su condición de parlamentario para que realizara un recorrido por África, lo que le permitiría al mismo tiempo defender los intereses de los grupos farmacéuticos (ante las producciones no patentadas) y rechazar la influencia china en Kenya y Sudán [2]. En este trabajo abordaremos solamente el episodio kenyano.
Madeleine Albright et Thorbjorn Jagland, durante una reunion en la sede de la OTAN.
La desestabilización de Kenya
Barack Obama y su familia llegan a Nairobi en compañía de un agregado de prensa (Robert Gibbs) y de un consejero político-militar (Mark Lippert), a bordo de un avión especial fletado por el Congreso. Detrás de aquel avión llega otro, fletado por el US Army, a bordo del cual viaja un equipo de expertos en guerra sicológica bajo las órdenes del general, supuestamente retirado, J. Scott Gration.
Kenya se encuentra entonces en pleno ascenso económico. Desde el principio de la presidencia de Mwai Kibaki, el crecimiento ha pasado del 3,9 al 7,1% del PIB y la pobreza ha retrocedido de un 56 a un 46%. Tan excepcionales resultados han sido posibles gracias a la reducción de los lazos económicos postcoloniales con los anglosajones y a su reemplazo por acuerdos comerciales más justos con China. Para poner fin al milagro kenyano, Washington y Londres han decidido derrocar al presidente Kibaki e imponer a un oportunista obediente, Raila Odinga [3]. Para ello, la National Endowement for Democracy ha propiciado la creación de una nueva formación política, el Movimiento Naranja, y está preparando una «revolución coloreada» en ocasión de las próximas elecciones legislativas de diciembre de 2007.
El senador Barack Obama hace campaña a favor de su «primo» Raila Odinga. A su llegada, el senador Obama es recibido como un hijo de Kenya y los medios dan a su visita la más amplia cobertura. El senador estadounidense no vacila en inmiscuirse en la vida política local y participa en los mítines políticos de Raila Odinga. Aboga por una «revolución democrática», mientras que su «acompañante», el general Gration, entrega a Odinga 1 millón de dólares en efectivo.
Estas intervenciones desestabilizan el país y Nairobi protesta oficialmente ante Washington. Al término de la gira y antes de regresar a Estados Unidos, Obama y el general Gration rinden su informe en Stutgart, ante el general James Jones (a la sazón jefe del European Command y comandante supremo de la OTAN).
Continuando la misma operación, Madeleine Albright viaja a Nairobi, en calidad de presidenta del NDI (la rama de la National Endowment for Democracy [4] especializada en las relaciones con los partidos de izquierda), donde supervisa la organización del Movimiento Naranja. Más tarde, John McCain también viaja a Kenya, como presidente del IRI (la rama de la National Endowment for Democracy especializada en las relaciones con los partidos de derecha), para completar la coalición de oposición con pequeñas formaciones de derecha [5].
Durante las elecciones legislativas de diciembre de 2007, un sondeo financiado por la USAID anuncia la victoria de Odinga. El día de la votación, John McCain declara que el presidente Kibaki ha “arreglado” el escrutinio a favor de su propio partido y que la victoria es en realidad de la oposición que liderea Odinga. La NSA, en contubernio con operadores locales de telefonía, envía SMS anónimos a la población. En las zonas pobladas por los luos (la etnia a la que pertenece Odinga), los SMS difunden el siguiente mensaje: «Queridos kenyanos: los kikuyus han robado el porvenir de nuestros hijos... Tenemos que darles el único tratamiento que ellos entienden... la violencia».
Mientras tanto, en las zonas pobladas por los kikuyus, la redacción es la siguiente: «No se derramará la sangre de ningún kikuyu inocente. Los masacraremos hasta en el corazón de la capital. Por la Justicia, hagan una lista de los luos que conozcan. Haremos llegar a ustedes los números de teléfono a los que se debe enviar esa información». En pocos días, un apacible país se ve sumido en la violencia étnica. Los motines dejan más de 1 000 muertos y 3 000 desplazados. Se pierde medio millón de empleos. Regresa Madeleine Albright. Propone servir de mediadora entre el presidente Kibaki y la oposición que está tratando de derrocarlo. Hábilmente, Albright se aparta y pone bajo la luz de los proyectores al Oslo Center for Peace and Human Rights. El nuevo presidente de esta respetada ONG es el ex primer ministro de Noruega, Thorbjorn Jagland. Rompiendo con la tradicional imparcialidad del Oslo Center, Jagland envía a Kenya dos mediadores, cuyos gastos corren por cuenta del NDI que preside Madeleine Albright (dicho de otra manera, el dinero que paga las cuentas proviene del presupuesto del Departamento de Estado de los Estados Unidos). Los mediadores son otro ex primer ministro noruego, Kjell Magne Bondevik, y el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan (ghanés muy presente en los Estados escandinavos desde que se casó con la sobrina-nieta de Raoul Wallenberg).
Obligado a admitir el compromiso que se le impone como condición para el restablecimiento de la paz civil, el presidente Kibaki acepta la creación de un puesto de primer ministro y la nominación de Raila Odinga en ese cargo. Lo primero que hace Odinga es reducir los intercambios con China.
El senador Barack Obama hace campaña a favor de su «primo» Raila Odinga.
Regalitos entre amigos
Ahí termina la operación kenyana, pero la vida de los protagonistas sigue adelante. Thorbjom Jagland negocia un acuerdo entre la National Endowment for Democracy y el Oslo Center, acuerdo que se hace formal en septiembre de 2008. Se crea una fundación adjunta en Minneapolis, permitiendo así que la CIA pueda subvencionar indirectamente a la ONG noruega. Esta interviene por cuenta de Washington en Marruecos y principalmente en Somalia [6]. Obama es electo presidente de los Estados Unidos. En Kenya, Odinga decreta varios días de fiesta nacional para celebrar el resultado de las elecciones estadounidenses. El general Jones se convierte en consejero de seguridad nacional, y nombra a Mark Lippert jefe de su equipo y al general Gration como adjunto.
Durante la transición presidencial estadounidense, el presidente del Oslo Center, Thorbjorn Jagland, es electo presidente del Comité Nóbel, a pesar del riesgo que un político tan retorcido representa para la institución [7].
La candidatura de Barack Obama al premio Nóbel de la Paz es presentada a más tardar el 31 de enero de 2009 (fecha límite reglamentaria [8]), o sea 12 días después de su entrada en funciones en la Casa Blanca. Ásperos debates se desarrollan en el seno del Comité que no logra ponerse de acuerdo en cuanto al nombre del laureado para principios de septiembre, contrariamente a lo previsto en su calendario habitual [9].
El 29 de septiembre, Thorbjorn Jagland es electo secretario general del Consejo de Europa como resultado de un acuerdo, convenido por debajo de la mesa, entre Washington y Moscú [10]. Cuando se recibe un regalo, hay que devolver la cortesía. La condición de miembro del Comité Nóbel es incompatible con una importante función política de carácter ejecutivo, pero Jagland se mantiene en el Comité argumentando que el reglamento se refiere a una función ministerial pero que no dice nada del Consejo de Europa. Así que regresa a Oslo el 2 de octubre. Ese mismo día, el Comité designa al presidente Obama como premio Nóbel de la Paz 2009.
En su comunicado oficial, el Comité declara con la mayor seriedad del mundo: «Es muy raro que una persona, Obama en este caso, logre cautivar la atención de todos y transmitirles la esperanza de un mundo mejor. Su diplomacia está basada en el concepto de que los que dirigen el mundo tienen que hacerlo sobre la base de valores y de comportamientos compartidos por la mayoría de los habitantes del planeta. Durante 108 años, el Comité del premio Nóbel se ha esforzado por estimular el tipo de política internacional y de acción cuyo principal vocero es Obama» [11].
Por su parte, el feliz laureado declaró: «Recibo la decisión del Comité Nóbel con sorpresa y con profunda humildad (...) Aceptaré esta recompensa como un llamado a la acción, un llamado a todos los países a que se alcen ante los desafíos comunes del siglo XXI». Así que este hombre «humilde» se ve a sí mismo como representante de «todos los países». Eso no parece augurar nada de paz.
*Analista político francés. Fundador y presidente de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace. Última obra publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008).
--- [1] « Remarks by Barack Obama on Winning Nobel Peace Prize », Voltaire Network, 9 de Octobre de 2009. [2] Más detalles sobre esta operación serán dados a conocer en el libro de Thierry Meyssan Le Rapport Obama, de próxima publicación. [3] Raila Odinga es el hijo de Jaramogi Oginga Odinga, quien tuvo como principal consejero político al padre de Barack Obama. [4] «Las redes de la injerencia "democrática"», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 22 de enero de 2004. [5] Estados Unidos ya había creado hace tiempo su propio partido en Kenya, bajo la dirección de Tom Mboya. Su objetivo era contrarrestar la influencia rusa y, ya en aquella época, la influencia china. [6] El Oslo Center también ha participado también en la desestabilización de Irán, durante la reciente elección presidencial, a través del envío de fondos al ex presidente Jatami. [7] Vicepresidente de la Internacional Socialista, Thorbjorn Jagland es un ferviente partidario de la OTAN y de la incorporación de Noruega a la Unión Europea. Se codea con las élites mundialistas y ha participado en los trabajos del Council on Foreign Relations, de la Comisión Trilateral y del Grupo de Bilderberg. Su historial político incluye varios escándalos por corrupción que implican a personas de su entorno, como su amigo y ministro de Planificación Terje Rod Larsen (actual coordinador de la ONU en las negociaciones del Medio Oriente). [8] El Comité recibió 205 proposiciones de candidatura pero, conforme al reglamento, sólo 199 eran elegibles. Después de alcanzar esa cifra, el Comité Nóbel no podía agregar otros nombres durante sus deliberaciones. [9] El anuncio del premio debió haber tenido lugar el 9 de octubre. Por razones organizativas, el nombre del laureado tenía que estar determinado a más tardar el 15 de septiembre. [10] A pesar de no formar parte del Consejo de Europa, Estados Unidos goza de gran influencie en el seno de ese órgano. Moscú no estaba de acuerdo con la elección de Jagland, pero quería evitar sobre todo la del polaco Wlodzimierz Cimoszewicz. [11] « Anuncio del Comité del Premio Nobel sobre el premio Nobel de la Paz de 2009 », Red Voltaire, 9 de Octobre de 2009.
lunes 9 de noviembre de 2009
NOTAS SOBRE EL CONFLICTO MAPUCHE
DESARROLLO Y ACTUALIDAD DE UNA GUERRA PERMANENTE
CC
Octubre 2009
Breve recuento histórico
Más allá de las diversas etapas y momentos que atravesó la relación del pueblo mapuche con los extranjeros y criollos durante la Conquista y la Colonia, que van desde la coexistencia pacífica a la guerra permanente, los intercambios, hasta la división del apoyo en la guerra entre realistas y patriotas, los orígenes del actual conflicto mapuche se encuentran en la actitud que el Estado chileno, luego de la Independencia, ha tenido hacia este pueblo originario.
Luego de más de 100 años de guerra, los “araucanos” lograron la retirada de las tropas españolas de la zona de Arauco. Así, en 1641, se acuerda la paz mediante el tratado de Quilín. Se reconocía, entonces, la autonomía de la nación araucana en la región comprendida entre los ríos Bío Bío y Calle Calle, en la actual provincia de Valdivia. Así, los que en un momento eran vistos por los criollos como aliados valerosos, la conformación de la República de Chile los transforma en una amenaza directa a sus aspiraciones de total control político y de los recursos económicos de la zona.
Con la Independencia -un asunto netamente de criollos- la idea de unificar en el Estado-Nación todo lo que se encuentre dentro de los límites, sin importar las diferencias internas, es la mayor necesidad de la elite que gobierna desde Santiago.
Avanzado los años, se suman a estas necesidades estatales, el vacío administrativo de la zona y la llegada de colonos europeos, lo que lleva directamente a establecer desde 1866 una política oficial de “pacificación” de la Araucanía: una ocupación militar violenta, nada de pacífica, que implicó una guerra hasta 1881 (1883), que dejó mermada casi en la mitad el número total de población indígena, momento en el que se anexan los territorios mapuches al Estado chileno, se redistribuyen las tierras y recursos por parte de los vencedores (luego de la ocupación, el Estado chileno otorgó a los mapuches alrededor de tres mil títulos de merced, mediante los cuales les fueron reconocidos en forma comunitaria tan sólo 500 mil hectáreas, que representan aproximadamente el 5% del territorio ancestral mapuche al sur del Bío Bío), relegando a las comunidades a estrechos territorios que no respetaban ubicaciones ni formas de vida tradicionales.
Bien avanzado el siglo XX, un intento por reparar la política anterior se inició con el gobierno de Eduardo Frei Montalba (1964-1970), que recuperó 3,5 millones de hectáreas para devolverlas. El proceso se aceleró con Salvador Allende, que en tres años alcanzó a restituir a los indígenas otros 6,5 millones de hectáreas. El proyecto integral fue interrumpido por el golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet.
Pinochet inició una contra-reforma, enmarcada en el decreto-ley de división de las comunidades indígenas (Nº 2568 y nº 2570 de 1979), que pretendió eliminar totalmente el régimen de tenencia comunitaria de la tierra (que aún subsiste en parte del territorio). En la región de La Araucanía estableció la propiedad individual, entregando 72.000 hijuelas, que -junto con dividir las comunidades- llevó a sus habitantes a una pauperización total, dada la escasa superficie entregada que no permite constituir una unidad económica viable.
Con la llegada de los gobiernos Concertacionistas, el reparo ha sido muy débil en relación a la magnitud de las peticiones de las comunidades. Más aún, considerando que todos estos gobiernos han debido administrar de la mejor manera para la inversión empresarial el modelo neoliberal heredado y profundizado durante casi dos décadas. Asimismo, el potencial económico forestal, turístico y energético de la zona araucana ha generado la consolidación de varios de los más poderosos conglomerados económicos de Chile (Matte, Angelini, ENDESA), que más allá de generar relativo empleo en la región, imponen como única posibilidad la venta de la fuerza de trabajo para actividades industriales, con el consiguiente deterioro ambiental de la zona y la proletarización generalizada.
Así, el actual tema relativo a la deuda histórica con el pueblo Mapuche integra varios actores: El Estado, el empresariado nacional y transnacional, el pueblo Mapuche, entendido como una diversidad de comunidades y no como una Nación en sentido moderno, que si bien comparten una cosmovisión común, se organizan y actúan de manera más o menos autónoma, según sus decisiones; la ciudadanía chilena, que se bate en actitudes que van desde el racismo y la indiferencia, hasta el compromiso activo en la lucha de cierta juventud popular; y, por último, los medios de comunicación, divididos entre los grandes conglomerados, que actúan como constructores de un discurso cercano a los empresarios, y la pequeña, pero diversa, prensa independiente, activa generadora de información tendiente a ampliar las miradas del debate y en mostrar lo que queda fuera de los grandes monopolios comunicacionales que operan en Chile.
Asimismo, podemos identificar un par de situaciones particulares que están en juego en el llamado conflicto mapuche. Por un lado, la crisis que se genera en los conceptos identitarios nacionales, creados por los baluartes de la chilenidad, en cuanto este conflicto los obliga a reconocer la falaz construcción de Chile, a través de una artificial homogeneidad, y a reconocer su diversidad étnica, cultural, lingüística, es decir, la existencia de un proceso homogenizador como requisito para el control total del aparato estatal. Por tanto, hay un remezón al concepto identitario fundado históricamente por el Estado chileno.
Por otro lado, todos los gestos y actos que han realizado los gobiernos de la concertación están siendo observados atentamente por la burguesía nacional y transnacional que mantiene intereses económicos en la zona en cuestión. Si bien el Estado chileno debe velar por el bienestar de todos los chilenos, es innegable la influencia que ejercen los poderes económicos sobre éste, en una ecuación que integra los índices macroeconómicos, los niveles de inversión y de seguridad y orden que asegura el Estado a los empresarios. Por tanto, una respuesta radical de restitución desde el Estado hacia el pueblo Mapuche no ha ocurrido hasta ahora, porque parece no ser viable para el desarrollo económico nacional.
Algunos nudos simbólicos y materiales
Como indicaba Gabriel Salazar, premio nacional de historia, en una entrevista aparecido en abril de 2008 en el diario El Clarín, “desde mediados del siglo XIX, hay una etapa de la ocupación de la Araucanía que duró casi cien años (…), una ocupación capitalista del territorio acompañada por una muy fuerte presencia militar, con construcción de escuelas, con la instalación de la base del Estado. Fue una ocupación muy sistemática y muy necesitada por el hecho que Chile necesitaba expandir su frontera agrícola (…) Esta etapa de cien años de fuerte presión cultural, de “chilenización” de la Araucanía, condujo a un relativo éxito porque las siguientes generaciones tendieron a identificarse con lo chileno. Se pierde el idioma mapuche, el mapugundún, comienzan los jóvenes a cambiar y a chilenizar sus apellidos, hay una enorme emigración de mapuches a Santiago, la mayoría se integra a la economía industrial, particularmente panaderías. Hubo una chilenización muy potente que dura hasta las décadas del 60 y 70, incluso hasta el periodo de la UP (…) Sin embargo, por razones que aún desconozco, ocurre algo, que me da la impresión es la presencia militar durante la dictadura de Pinochet, que hace rememorar lo que fue la conquista española o la ocupación militar de la Araucanía, no lo sé, pero el hecho es que se produce una recuperación de la cultura mapuche en la juventud, incluso en la juventud que está estudiando en Santiago. Hay una reconversión a la identidad mapuche, una recuperación del idioma mapuche, de los apellidos mapuche, que es muy notable y ocurre en los años 80 y 90”.
El argumento de Salazar puede complementarse con el que hacía el representante en Chile de Indigenous World Association en 2001, Rosamel Millamán Reinao, respecto a que “el indigenismo imperante en Chile durante el siglo XIX y XX construye un discurso político y académico en el cual el indígena aparece como héroe (s) mítico (s) en la literatura y la vida social chilena. Se revive el indígena muerto y se petrifica al indígena vivo, permitiendo la germinación de dos vertientes en la política indigenista: por una parte, la preservación de la cultura, y, por otra, la integración indígena al sistema nacional. Aunque diferente en la forma, ambas tendieron ha aniquilar la cultura indígena al amputar la capacidad de actor y gestor en la toma de sus propias decisiones”.
Finalizando la dictadura y durante los años noventa, fue la juventud la que encabezó la reactivación de la lucha por los derechos del pueblo Mapuche. Con el aumento hacia fines de los noventa y durante la presente década de la conflictividad (producto, primero, del fracaso de los compromisos estatales suscritos durante los 90 y de la Ley 19253 o Ley Indígena, aprobada en el Congreso en 1993 con numerosas e importantes modificaciones al proyecto original) y sus expresiones -marchas, huelgas de hambre, bloqueos, ataques contra la propiedad privada-, el problema se ha diversificado: protestas por proyectos de inversión pública y/o privada en tierras ancestrales, re-ocupaciones de predios arrebatados, tala de bosques, enfrentamientos entre comuneros y fuerzas represivas del Estado y privadas, pérdida de confianza en el gobierno y la institucionalidad que genera políticas indígenas. Así, estos hechos han llevado a un desconcierto gubernamental que ha vacilado entre posiciones abiertas al diálogo y entre quienes han criminalizado, primero, a través de la Ley de Seguridad interior del Estado y, posteriormente, la ley Antiterrorista.
Hasta el momento, ha sido la CONADI el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado a favor del desarrollo integral del los indígenas (artículo 39 ley indígena), a través de la materialización de las políticas públicas y los programas. A pesar de la ruptura actual entre el organismo y las comunidades mapuches y de las diversas decisiones cada vez más distanciadas de la opinión de las comunidades mapuches, es necesario reconocerle a la corporación la positiva actuación que tuvo, en su momento inicial, respecto a la destinación de 75 mil hectáreas de tierra para indígenas entre 1994 y 1997, el apoyo a iniciativas de desarrollo económico y cultural a través del Fondo de Desarrollo y la instalación de tres áreas de desarrollo indígena (ADI), dos de ellas en territorio mapuche, y los recursos para su ejecución. Sin embargo, al día de hoy, los recursos que ha manejado la corporación son totalmente insuficientes, tanto para la recuperación de las tierras, como para la magnitud y diversidad de problemas que enfrentan los pueblos indígenas en Chile, en particular los Mapuches, así como la ineficacia de los programas de desarrollo frente al cúmulo de necesidades materiales e inmateriales de las comunidades.
Otra situación que debe ser mencionada como nudo de este conflicto es la contradicción que se produjo entre la labor del Estado, en relación a sus deberes con las comunidades, la CONADI, en su labor de recuperación de tierras y el respaldo que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle dio a la expansión de proyectos de inversión no indígenas en el territorio histórico del pueblo mapuche, lo que generó la apropiación por parte de no indígenas de recursos mineros y forestales, aguas y otros recursos naturales de la zona -con el consecuente deterioro ambiental y del suelo- y el desarrollo de proyectos viales promovidos por el Ministerio de Obras Públicas.
Como señala José Aylwin, investigador del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera y codirector del Observatorio Ciudadano, en su artículo Los conflictos en el territorio Mapuche: Antecedentes y perspectivas, “a pesar de las obligaciones que el artículo 1 inciso 3 de la ley establece para el Estado, el Gobierno de Frei –en forma consistente con su política económica y su objetivo de insertar a Chile en los mercados internacionales- no sólo permitió sino que promovió las inversiones productivas o de infraestructura, públicas y privadas, territorios ancestrales de los pueblos indígenas”. La situación durante los gobiernos posteriores no ha cambiado, intensificándose el conflicto y la represión policial y judicial, a la par de las medidas insuficientes para solucionar las principales demandas.
Si bien las solicitudes que hoy tienen las diversas comunidades mapuche a veces son dispares entre sí, todas difieren radicalmente de las formuladas al inicio de los años 90. Como sugiere Aylwin en el mismo artículo, “de una demanda centrada en el derecho de los mapuche a la tierra y a la participación dentro del aparato del Estado en la resolución de sus asuntos, se ha pasado a otra centrada en el reconocimiento de la territorialidad indígena hasta hoy negada en el país, así como del derecho a un desarrollo político y cultural autónomo al interior de dichos territorios”. Esta evolución permitiría comprender el cuestionamiento que se hace hoy a la participación indígena en CONADI, “espacio que –a juicio de Aylwin- responde en última instancia al Gobierno y no a los indígenas que integran su Consejo Nacional, como ha quedado demostrado en los últimos años”.
Argumentos e intereses
Indudablemente, el conflicto en la zona de la Araucanía se ha acentuado a medida que las acciones de presión hacia el Gobierno y los actuales propietarios de las tierras históricas han llevado a enfrentamientos entre comuneros y fuerzas policiales, con las ya conocidas víctimas fatales (el último hace poco más de dos meses), heridos de todas las edades, allanamientos, presos y montajes.
Desde el año 1999 en adelante, los gobiernos de la concertación han intentado nuevas estrategias para resolver la creciente complejidad del conflicto. Hacia finales del período de Frei Ruiz-Tagle, se levantaba la Comisión Asesora en temas de Desarrollo Indígena, y el pueblo mapuche suscribía con el gobierno el Pacto por el Respeto Ciudadano, que prometía reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, pendiente desde 1991 y ratificado hace poco más de un mes.
Avanzada la primera década de los 2000, el apoyo gubernamental a proyectos de inversión en la zona se mantuvo, pero con un bajo perfil, continuando el quebrantamiento de los derechos de participación y territorio reclamados por los indígenas, así como la criminalización hacia la ocupación de tierras u otras acciones como estrategia desde el Ministerio del Interior, frente a la exigencia de mano dura que la Corporación de la Madera (Corma) ha hecho al Estado desde fines de la década pasada, con la intención de garantizar el Estado de Derecho, amenazado por acciones de “terrorismo rural”, e incluso exigiendo la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado frente a estos hechos.
Cabe decir que el Estado chileno ha defendido estas inversiones privadas no sólo en contra de los alegatos del pueblo mapuche, sino que contraviniendo derechos establecidos por la propia legislación indígena vigente. “En efecto –indica Aylwin en el texto mencionado más arriba- la materialización de proyectos hidroeléctricos y carreteros se han hecho vulnerando la protección que el artículo 13 inciso primero de la ley indígena otorga a las tierras indígenas por exigirlo el interés nacional”. En este sentido, la responsabilidad que el Estado tiene en el desarrollo no sólo económico, sino cultural de los mapuche, se ha visto afectado por estas inversiones, ya que “según demuestran las estadísticas, en los sectores que dichas inversiones se efectúan, la migración no disminuye, sino que aumenta, y la situación de pobreza de la población se mantiene”, explica Aylwin.
Por su parte, las demandas territoriales mapuche se fundamentan en el hecho de que éstas pertenecían a los territorios juridiccionales de los longkos o caciques antiguos en el período anterior a las reducciones; o se incluían dentro de los títulos de merced otorgados por el Estado y en virtud de las leyes divisorias vigentes entre la década del veinte y del noventa, y luego fueron apropiadas por particulares; o estuvieron ocupadas por las comunidades (y muchas veces forestadas con apoyo estatal) durante el período de la reforma agraria, y luego perdidas en el período de contrarreforma agraria bajo el gobierno militar.
De acuerdo al desarrollo de las demandas mapuche y de la respuesta que hasta el momento ha surgido desde el Estado, se hace necesario darle un nuevo enfoque al conflicto, ya no como un problema netamente económico de sectores marginados que deben ser “integrados” al proceso productivo del país –como han propuesto los sectores empresariales-, sino que se trata más bien de “sectores étnica y culturalmente diferenciados que la sociedad chilena y su ordenamiento jurídico ha negado por largo tiempo; de comunidades arrinconadas en su propio territorio en virtud de una política de Estado y de la acción de particulares que se beneficiaron de ella. Debemos reconocer –explica Aylwin en su texto- que existe de parte de la sociedad chilena y el Estado una deuda histórica con los mapuche con aún no ha sido saldada”.
Sin embargo, para no todos los investigadores el conflicto tiene raíces en la opresión. Por ejemplo, la visión del historiador Sergio Villalobos, escritor de libros como “Relaciones Fronterizas en la Araucanía” (1982) y “Vida fronteriza en la Araucanía: el mito de la guerra de Arauco” (1995), se contrapone a esta concepción del pueblo mapuche como “etnonación” subyugada bajo el Estado chileno. Así lo declaraba en un par de polémicas columnas publicadas en El Mercurio durante el año 2000, de la cual reproducimos algunos fragmentos:
“El mestizaje predominó al norte y al sur del Bío-Bío, al punto de que las fuentes históricas del siglo XVII señalan que sólo por excepción, en rincones muy apartados, quedaban indios puros. Desde entonces y hasta el día de hoy, los llamados araucanos -eufemísticamente, mapuches- no son más que mestizos, aunque sean notorios los antiguos rasgos”.
“Los propios araucanos formaron parte del aparato de dominación. Al hacerlo, recibían recompensas, beneficios y algunos honores; pero lo que más les atraía era disfrutar de las ventajas de la civilización material”.
“Es cierto que perdieron gran parte de sus tierras, empleadas fundamentalmente para la caza y la recolección, es decir, mal aprovechadas a ojos modernos; pero también es cierto que pudieron incorporarse a la producción de agrícola y ganadera de mercado, intercambiando productos”.
(Extractos de “Araucanía: Errores Ancestrales”, de Sergio Villalobos. El Mercurio de Santiago, 14 de mayo de 2000)
“No tengo la menor duda de que los mestizos araucanos procuraron mantener rasgos de su cultura y que hoy pretenden darle nuevo impulso. Pero a la vez no puede desconocerse que los españoles y luego los chilenos, pese a la violencia, los abusos y el despojo de sus tierras, proporcionaron y siguen proporcionándoles caminos, puentes, escuelas, misiones, reservas de tierras, vigilancia, administración de justicia y derechos políticos, todo dentro del sentido igualitario que caracteriza a la vida nacional”.
“…La cultura dominante debe ayudar e inducir aquel desarrollo que, naturalmente, debe basarse en la voluntad y el entusiasmo de los favorecidos. Pero de contado, ni Estado ni leyes propias, autonomía ni bandera diferente. Tampoco compensaciones pecuniarias por fallos adversos de la justicia”.
(Extractos de “Caminos ancestrales” por Sergio Villalobos. El Mercurio de Santiago, 3 de septiembre de 2000).
Por otro lado, cierta intelectualidad ligada a las fuerzas armadas tampoco ve el conflicto mapuche desde la óptica de José Aylwin. El Capitán de Corbeta Jorge Ugalde Jacques en su ensayo “Situación de la etnia mapuche en Chile y su efecto en la unidad nacional”, incluido en la Revista de Marina del año 2002, parte su análisis considerando la necesidad de resguardar la unidad nacional como base fundamental de la seguridad nacional, por lo que las pretensiones de autonomía mapuche atentarían directamente contra este objetivo, que, según él, podría generar una oleada autonomista de otras etnias presentes, como ocurre en la región norandina trasnacional con los aymarás. El uniformado también considera esencial mantener las garantías a los empresarios y propietarios en la zona, con el fin de asegurar la inversión y el desarrollo del país.
Por otro lado, manifiesta preocupación por la “acción sistemática y consistente de agencias internacionales y grupos ideológicos que proveen los recursos suficientes como para alentar el conflicto” y considera que la aprobación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales es un factor de riesgo a la unidad nacional.
Cercana a esta visión está la del cientista político, Doctor en Estudios Latinoamericanos e investigador y docente de las universidades Bernardo O’higgins y Central, Cristián Salas Leyton, para el que la conflictividad violenta de ciertos grupos mapuche amenaza directamente la estabilidad y seguridad nacional, ya que a través de la estrategia de sumar adeptos a la causa a través de una victimización y la sensación de una guerra por parte del Estado, pueden conseguir un mayor apoyo activo de las masas de ciudadanos. Según lo expresado en un artículo aparecido en la edición digital del diario La Tercera, el 31 de julio de este año, “el Estado chileno debe ser cauto en tratar este tipo de problemáticas. Sólo el uso eficiente y eficaz de medios de inteligencia debería permitirles neutralizarlos, y sobre todo, no caer en el juego de la militarización o policialización de la zona. Evitar generar un sentimiento de represión generalizada sobre la población es central en el esfuerzo por debilitar el movimiento y los grupos que sostienen y generan actos de violencia en el sur bajo el escudo de la defensa de los intereses de una mayoría de la población mapuche que, hasta el momento, solo observa los acontecimientos”.
Para varias de las organizaciones mapuche estos comentarios no tienen nada de novedoso, porque seguirían las estrategias logísticas de las Fuerzas Armadas durante la dictadura y el modo de operación que la democracia espera de los movimientos sociales, es decir, la vía del diálogo institucional, que elimina las diferencias entre quienes están en un conflicto directo y explícito con el Estado y quienes tan sólo alegan necesidades y reformas puntuales, como el caso de sectores ambientalistas o culturales.
Sin embargo, para otros investigadores como Eduardo Mella Seguel, autor de “Los Mapuche ante la injusticia: la criminalización de la protesta indígena en Chile” (2007), “la criminalización por medio de la judicialización de las actividades de demanda mapuche es una fórmula utilizada por el Estado y privados para hacer primar sus intereses por sobre los intereses ancestrales de los pueblos indígenas”. Asimismo, considera que si bien el uso de la violencia en democracia no es legítimo, tampoco lo es el hecho de que se recurra a la Ley Antiterrorista para sancionar la violencia mapuche, en especial cuando “no existe convicción respecto a la autoría que cabe a los inculpados mapuche en los hechos que se le imputan”. Mella destaca que el actual marco legal permite el Estado aumentar en varios grados las condenas e incluso suspender garantías procesales que aseguren un debido procesamiento para los inculpados y critica que éste haya “reducido el conflicto a un plano meramente judicial, cuya consecuencia más inmediata ha sido la estigmatización del mapuche, a quien se le ha sindicado como agresor, violento y terrorista (…) Esta situación se ha ido intensificado con la implementación de la Reforma Procesal Penal en la Región de la Araucanía a partir de diciembre de 2000”.
Nudos actuales del conflicto mapuche
Convenio 169 de la OIT
Tras 17 años de espera, recién a mediados de Septiembre de 2009 se ratificó en el Parlamento el convenio 169 de la OIT, referido a pueblos indígenas y tribales.
Este convenio tiene diversos alcances para todos los pueblos indígenas reconocidos en nuestro país. En sentido jurídico, por ejemplo, incorpora una nueva categoría: el Derecho Colectivo, es decir, el de un conjunto de personas como si en realidad fueran una sola, pues todos ellos forman parte de un único sujeto de derecho. Esta categoría representa un remezón a la herencia teórica contractualista y liberal que prima en el ordenamiento jurídico del mundo occidental, incluido Chile, fundado en el contrato social y el individuo autónomo, sin que por hegemónicas deban ser asumidas como correctas.
En sentido práctico y atendiendo a las principales preocupaciones de sus detractores, el reconocimiento de la autonomía de un pueblo, contemplado en el convenio, no implica directamente su independencia, la separación nacional, sino el reconocimiento de una pluriculturalidad en el marco del Estado nacional que hasta ahora ha sido negada por una visión etnocéntrica y etnocida de parte de la sociedad chilena a través de sus representantes. Por otra parte, el artículo 6 y 7 mencionan la necesidad de consultar a las instituciones representativas de los pueblos indígenas ante cualquier iniciativa legal o administrativa que les afecta. Sin embargo, no explicita que los Estados deben hacer caso de estas opiniones, tan sólo consultarles.
Este último hecho generó la primera polémica entre el Gobierno de Bachelet y el pueblo Mapuche una vez ratificado el convenio, ya que el 28 de Septiembre, mismo día en que entraba en vigencia el convenio, el Ejecutivo, a través del Ministro Secretario General de la Presidencia y coordinador de los Asuntos Indígenas del gobierno, José Antonio Viera Gallo, enviaba al Legislativo con suma urgencia dos proyectos de ley para configurar la nueva institucionalidad indígena. Ese día, el ministro explicó a la prensa que los proyectos apuntan a la reestructuración de la Conadi, terminando con su dependencia de Mideplan; la creación de una nueva institucionalidad indígena, cuyos detalles serían entregados por la Presidenta, y la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, que sigue el modelo que existe en Australia, de carácter consultivo y resolutivo, compuesto por 44 miembros de ocho etnias.
Esta situación fue tomada por las comunidades indígenas como una violación del Convenio 169 y un incumplimiento a las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas, James Anaya, en lo que se refiere a la consulta previa mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (artículo 6 a) y a “la importancia de asegurar que los mecanismos de interlocución entre los estados y los pueblos indígenas faciliten el ejercicio pleno de los derechos y facultades de que son titulares cada pueblo y comunidad indígena, de conformidad con sus propias instituciones representativas”.
Las organizaciones mapuche denunciaron a fines de septiembre que “mientras el gobierno cínicamente celebraba la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, calladamente ingresaba a la Contraloría General de la República un reglamento para limitar las consultas a los pueblos originarios que establece la nueva normativa”. Según más informaciones aparecidas en el portal digital de la Radio Universidad de Chile, “el "reglamento" limita el convenio que establece claramente que las consultas deben ser vinculantes y además incluir a todos los organismos públicos, entre ellos las municipalidades. Sin embargo, el articulado que ingresó el Ejecutivo señala que la consulta no es vinculante, es decir, que no tendrá efecto definitivo sobre los proyectos que se pretendan desarrollar en las zonas indígenas, y además deja fuera a los municipios, lo que a juicio del senador Alejandro Navarro es preocupante, por lo que presentó junto a dirigentes de pueblos originarios un escrito para evitar que sea visado por el contralor, Ramiro Mendoza”.
Más allá de la ratificación del Convenio 169, la polémica sobre éste no concluye con su puesta en marcha. A juicio de José Aylwin, “los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile se integran a la Constitución (…) Según esto, cualquier normativa que se contradiga con el Convenio 169 de la OIT debiera ser derogada tácitamente”. Por otro lado, apunta, el Convenio genera conflictos con los intereses de los inversionistas en la zona, ya que “señala que los pueblos tienen derecho a la utilización, la administración y conservación de los recursos naturales que estén en sus tierras. Específicamente respecto a los recursos del subsuelo establece como derecho la consulta antes de la exploración y explotación, la participación en los beneficios de tales actividades y la indemnización por los daños”. Según Aylwin, “ha habido una acción bastante directa del mundo empresarial –a nivel legislativo- para impedir la ratificación del 169 y para evitar que su aplicación afecte sus iniciativas en tierras indígenas”.Asimismo, respecto a los principales obstáculos para el cumplimiento del convenio, indicó que “el Tribunal Constitucional (TC) señaló, por ejemplo, que la participación de los pueblos indígenas en los planes y programas que les conciernen no debe ser vinculantes, y que los derechos de propiedad sobre tierras, territorios y recursos naturales no pueden entenderse como vulnerando el derecho de propiedad establecido en la Constitución. Dijo que cualquier afectación de los derechos constitucionales requiere de reformas de quórum calificado. Si el convenio demoró 17 años en ser ratificado por el Congreso, la modificación de esa normativa, en el marco del sistema binominal, puede tomar otros 17 años. Es insostenible pensar en esta postergación si tenemos en cuenta el incremento evidente de los conflictos generados por proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas”.
Derechos Humanos y prisión política
En otro frente, el Estado chileno ha sido interpelado en diversas ocasiones en el último tiempo por el accionar represivo frente a las demandas de los pueblos indígenas. Ya a comienzos de mayo, durante la Convención contra la Tortura de la ONU, diversas ONGs denunciaron el aumento de la violencia policial y las competencias de la Justicia Militar en casos de abusos sobre detenidos y pidieron anular el decreto ley de amnistía (1978) en casos de atropellos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
A fines de septiembre, el embajador Carlos Portales, negó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el país hubiera utilizado abusivamente su ley antiterrorista en perjuicio de la comunidad mapuche. “Los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena (...) entre el año 1999 y 2009, esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos (...) en sólo dos ocasiones (...) a personas de origen indígena", sostuvo en su discurso el diplomático, según lo recogido en el periódico digital El Mostrador el 24 de septiembre. En la ocasión, la postura del gobierno fue duramente criticada y desmentida por ONGs nacionales e internacionales.
Al respecto, resulta esclarecedor un informe desarrollado por Lucía Sepúlveda Ruiz, de la Comisión Ética Contra la Tortura, en coordinación con comunidades, abogados, redes y prensa mapuche, y publicado un par de días antes de la reunión de Naciones Unidas, en el cual se informa de la existencia de “43 casos de prisión efectiva actual, en 34 de los cuales la justicia ha aplicado la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura, a instancias del gobierno. A ello se agregan 16 casos recientes de detenciones (por horas) de menores de edad y/o escolares. En total, son 57 los mapuche condenados y/o procesados que están en libertad condicional, sometidos a medidas cautelares de distinto tipo. De las tres mujeres recluidas en prisión, una padece un cáncer terminal; otras 3 están afectadas por medidas cautelares”.El informe también se refiere a otras situaciones irregulares “que obstaculizan el derecho al debido proceso, derivadas de la aplicación de la ley antiterrorista (testigos secretos) y sobre todo, de la competencia de la justicia militar”. Por otra parte, sostiene que “hay detenidos que han sido trasladados lejos de sus familias, cuyos derechos siguen estando vulnerados. Los abogados son mantenidos por meses sin acceso a la investigación y sin conocer los nombres de los testigos, y cuando lo consiguen, no pueden hacer pública la información. Varios detenidos son procesados por la justicia civil y por la justicia militar por un mismo supuesto delito”. Asimismo, indica que “muchos mapuche sólo tienen acceso a defensores públicos que en ocasiones han actuado en connivencia con la fiscalía, y en otras oportunidades están sobrecargados de casos sin poder atenderlos a cabalidad. Las medidas cautelares de “prisión preventiva” operan como verdaderas condenas anticipadas, al extenderse por más de ocho o nueve meses operando como una nueva forma de control de los luchadores sociales”. En el documento, además, puede encontrarse la lista completa de presos políticos mapuche a septiembre de 2009 y el actual estado de sus procesos.
Marco para la interpretación y práctica
La violencia represiva del Estado en la Araucanía no es un hecho anómalo, sino que una cara visible de la violencia sistemática que el capitalismo pone en marcha para poder existir y reproducirse normalmente. Es la misma violencia que se empezó a expresar hace 5 siglos en Europa como expropiación de los campos y encarcelamiento masivo de los ex-campesinos, y es la misma que mata a diario 30.000 personas, en su mayoría niños, por hambre y enfermedades curables.
La violencia originaria del capital se entiende mejor si nos damos cuenta del carácter artificial e históricamente reciente de la expropiación de la tierra por los capitalistas, y de la gradual imposición de la esclavitud moderna del trabajo asalariado a una proporción cada vez mayor de seres humanos: ese es el rasgo esencial de este sistema. La imposición violenta de la relación social capitalista, reproducida día tras día mediante la obligación de trabajar o morir de hambre, es lo que define tanto al capitalismo como enemigo, como a la negación en actos a practicar mediante la afirmación aquí y ahora del comunismo (que para Marx es “el movimiento real que suprime las condiciones existentes”, y que para nosotros no puede sino ser anti-estatal).
Aunque la creación de una clase trabajadora en la acumulación originaria del capital se realizó primero en forma masiva en Europa Occidental, al expandirse a la “periferia” del mundo el Capital llevó consigo la imposición sangrienta del trabajo. Pero tanto en el centro como en las colonias, esta imposición no fue siempre fácil ni estable, y en muchos lugares la relación social capitalista no se impuso jamás porque las comunidades las resistieron. Por eso, las clases dominantes de nuestro continente se han dedicado por varios siglos a la práctica del genocidio, exterminando a comunidades enteras cuando no se adaptaban, no les servían directamente para ser explotados, o si osaban rechazar el trabajo. Y por eso, tampoco les gusta hablar del “conflicto mapuche”, porque quisieran creer que el capitalismo estuvo siempre, pero los indígenas lees recuerdan a ellos, y a nosotros, que esto no siempre fue así.
Ya en 1844 Marx decía que “tan pronto deja de existir alguna coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como se huye de la peste”. Por eso, los “indios” nos recuerdan también que es posible rebelarse, y esa rebelión, que no ha cesado nunca, ahora se expresa en todo el mundo y es dada por el nuevo proletariado del capitalismo global.
La actuación del Estado chileno frente al pueblo mapuche se corresponde a su naturaleza de clase, mientras que la negación positiva que los indígenas hacen contra este orden social, debe entenderse en el plano de la lucha de clases, como su constitución en fuerza, en clase dominante, para abolir el trabajo asalariado y el capital y por lo tanto todas las clases sociales y el Estado, negándose así positivamente como clase.
Breves ideas finales
El Estado chileno se ha mostrado ambiguo ante la posibilidad de dar una solución definitiva las comunidades mapuche, cuidando su relación con el empresariado nacional y transnacional. Pero esto no es nada raro considerando sus intereses. El accionar de la policía está sujeto a esta actitud del bloque dominante, y no hace sino confirmar su efectividad como ejército al servicio de los poderosos.
La constante represión en la zona de la Araucanía, con niños heridos y traumatizados frente a los allanamientos, presos y montajes, la presencia de grupos paramilitares de derecha, como el Comando Hernán Trizzano, la complicada situación judicial de decenas de indígenas, los informaciones comunicacionales incompletas o deliberadamente malintencionadas, todos elementos que denotan el grado de incertidumbre en torno al conflicto y permiten augurar una radicalización ya en progreso de ciertos grupos afectados.
Por otra parte, el Estado ya no cuenta con la confianza de las comunidades. Su actuación no ha considerado de manera estratégica la coordinación con los mapuche y la nueva institucionalidad que se pretende aprobar tiene en su origen el germen de su destrucción.
La solución al conflicto, en el marco del Estado de Derecho burgués implicaría un reconocimiento étnico que para algunos es oprobioso a la identidad nacional. Si se atienden las peticiones actuales del pueblo mapuche podrá comprobarse la diferencia con las que existían años atrás. Las necesidades van transformándose a medida que el movimiento madura en su reflexión y acción y así, hoy, de una demanda que giraba en torno al derecho a la tierra y a la participación dentro del aparato del Estado en la resolución de sus asuntos, hoy tenemos una con eje central en el reconocimiento de la territorialidad indígena hasta hoy negada en el país, así como del derecho a un desarrollo político y cultural autónomo al interior de dichos territorios
Por tanto, la única manera de lograr un entendimiento entre las partes y su posterior resolución concreta es abordarlo no como un problema sólo económico, relativo a la inserción a la fuerza de trabajo de la población indígena, sino diferenciar estos sectores étnicamente y culturalmente, dándoles el grado de independencia negada por el ordenamiento jurídico desde su llegada, devolviendo de manera rápida el territorio expropiado y permitiendo la consolidación de un universo cultural pisoteado violentamente en beneficio de intereses estatales y privados.
Bibliografía digital consultada
José Aylwin. “Los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas”. HREF: http://www2.estudiosindigenas.cl/trabajados/Aylwin.pdf
Rodrigo Lillo. “Convenio 169 de la OIT. Hacia un reconocimiento de la diversidad”. HREF: http://www2.estudiosindigenas.cl/trabajados/El%20convenio%20169%20de%20la%20OIT_lillo.pdf
Artículos consultados
AP Guerrilla. “Todos contra todos: el conflicto mapuche visto desde los aparatos de seguridad del estado. HREF: http://www.columnanegra.org/?p=1498
Lucía Sepúlveda Ruiz. “Cien presos políticos ad portas del bicentenario”. HREF: http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=18418&Itemid=5786
Rodolfo Herranz. “Conflicto en la Araucanía: visiones desde la historia y la sociología”. Biblioteca del Congreso Nacional. HREF: http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/conflicto-en-la-araucania-visiones-desde-la-historia-y-la-sociologia/#jose-bengoa-y-el-origen-de-los-201codios-primordiales201d
Cristián Leyton Salas. “la estrategia del enlisment”. Diario La Tercera. HREF: http://blog.latercera.com/blog/cleyton/entry/conflicto_mapuche_la_estrategia_del
Rosamel Millamán Reinao. “El Estado Chileno y el Pueblo Mapuche”. HREF: http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-12.htm
Dennys Salazar Ñirril. “La historia no contada”. HREF: http://www.elciudadano.cl/2006/01/28/la-historia-no-contada/
José Aylwin. “La consulta debe ser vinculante”. Entrevista a José Aylwin en Diario La Nación. 16 de septiembre 2009. HREF: http://www.lanacion.cl/jose-aylwin-consulta-debe-ser-vinculante/noticias/2009-09-16/004403.html
Sitios web consultados
www.mapuexpress.net
www.hommodolars.org
www.elmostrador.cl
www.radio.uchile.cl
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